CAMPAÑA NACIONAL POR EL
DERECHO AL ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO EN MENDOZA
La Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Mendoza denunció al titular del Ejecutivo provincial
Francisco “Paco” Pérez y a su
Ministro de Salud Carlos Diaz Russo
ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo. La
denuncia ha quedado registrada bajo el número 1436.
El 4 de
julio pasado la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito junto a un conjunto de organizaciones sociales, políticas y de
derechos humanos, presentó ante el INADI una denuncia al representante del
Poder Ejecutivo Provincial, Dr. Francisco Pérez por omitir “la aplicación del
protocolo hospitalario para la concreta
atención de los abortos no punibles y para la atención integral de toda víctima
de violencia sexual”; luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación el cual interpreta el art.86 del Código Penal inciso 2.
Por el
mismo medio se denunció al Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Carlos Díaz
Russo, atento a los dichos misóginos y discriminatorios vertidos en un medio
radial local en relación a la posibilidad de solicitar una práctica de aborto
no punible. Entre distintas afirmaciones declaró lo siguiente: “con el simple
pensamiento de que se puede lograr el aborto se puede cubrir una serie de
mentiras en el sistema”. De esta manera se deja implícita la idea que mujeres
y/o niñas víctimas de una violación
pueden mentir respecto a estos ataques para poder realizarse un aborto.
La Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito considera que en ambos casos,
ya sea por acción u omisión de los funcionarios denunciados, se ve seriamente
afectado el pleno acceso de las mujeres a sus derechos a la salud. Ante la
negación de la legalización del aborto o la negación de practicar un aborto
seguro ante una violación se vulneran los derechos humanos de las mujeres.
El
ejercicio irresponsable de las obligaciones de un funcionario público junto a
la subestimación de las decisiones de la ciudadanía, constituyen actos de
discriminación lisa y llana, y son en sí mismos obstáculos gravísimos y lesivos
para el pleno desarrollo de una sociedad, convirtiendo en letra muerta la
normativa vigente y, por ende, vulnera el conjunto de los derechos.
Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
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