El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado el pasado 13 de marzo de 2012, despejó toda duda sobre la interpretación del artículo 86 del Código Penal: en Argentina el aborto no es punible cuando el embarazo es producto de una violación. En línea con la Constitución Nacional y los diferentes tratados internacionales que el país ha suscripto, exhortó a los/as responsables de los gobiernos y de los sistemas de salud de las provincias a implementar protocolos adecuados para garantizar y no obstaculizar el acceso a los abortos permitidos, respetando los derechos de las mujeres a la dignidad, a la salud y a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos.
El gobierno de Mendoza tuvo la oportunidad histórica de comprender que hay situaciones de violencia hacia las mujeres, en las cuales éstas deben ser contenidas y no perseguidas, que no deben redundar en una continuidad y profundización de los contextos de violencia a los que se ven sometidas. El gobierno provincial tuvo la oportunidad histórica de mostrar que el respeto por los derechos sexuales y reproductivos (incluidos en la reforma de la Constitución Provincial que propone) no son palabras vacías, sino leyes reconocidas y garantizadas.
El Senado de la Provincia tuvo la oportunidad histórica de superar los obstáculos interpuestos por el Sistema de Salud y por el Sistema Judicial respecto del acceso de las mujeres a la justicia a través de la adhesión a un instrumento operativo, como la Guía Técnica Nacional para la Atención Integral de Abortos No Punibles. Sin embargo, el 11 de Diciembre de 2012 veinte manos en alto, en la cámara alta, ignoraron las voces de las mujeres que reclamamos por nuestros derechos. Este hecho y la impunidad en el juicio por la desaparición de Marita Verón indican el irrespeto de los derechos de las mujeres y la abierta misoginia de distintos poderes del Estado en un país cuyas leyes dicen respetarlos.
Veinte senadores/as decidieron legitimar el discurso inconstitucional de grupos minoritarios, religiosos y fundamentalistas que evidenciaron su autoritarismo haciendo uso de amenazas e intimidación. Esos grupos, que una vez más someten a toda la sociedad a sus dogmas de desprecio y descalificación hacia las mujeres, recurren hoy al discurso de derechos humanos, cuanto es bien sabido que fueron cómplices de todas las dictaduras cívico-militares en nuestro país. Repudiamos las posturas reaccionarias de los/as 20 senadores/as que rechazaron la media sanción y desconocieron el fallo de la Corte Suprema de Justicia porque atenta contra el acceso de las mujeres a la Democracia.
Repudiamos especialmente el accionar de la Senadora C. Segovia (FPV-PJ) y del Senador Matías Estevanato (FPV-PJ) que interpusieron proyectos para confundir y desvirtuar el eje del debate. Nuestro máximo repudio al Senador Guillermo Amstutz (Bloque Unidad Popular) quien insultó la memoria de los 30 mil compañeros/as desaparecidos/as de nuestro país.
Es muy grave que gobernantes y representantes de la sociedad se muestren ante el país y el mundo como portadores de concepciones y prácticas machistas y discriminatorias, cuando se supone que son responsables de velar por los intereses del conjunto de la ciudadanía y no de grupos corporativos. Deberían respetar los procesos de autonomía de las mujeres, y no promover actos de odio y discriminación.
Insistimos: cada día que se pospone el efectivo cumplimiento de los Abortos No Punibles, tanto en Mendoza como en cualquier rincón de Argentina, se está obstaculizando el acceso de las mujeres a los derechos humanos consagrados en la legislación de nuestro país. Al señor gobernador, al señor vicegobernador, a los/as legisladores/as les decimos: cumplir con las leyes de la Nación no es una opción es una obligación. Incumplirlas es un delito.
Mendoza, en relación a los derechos de las mujeres, es hoy una vergüenza nacional.
Anticonceptivos para no abortar
Aborto Legal para no morir
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO
